- Proyecto modifica Ley de Partidos Políticos
- Anuncian que personas que adeuden reparaciones civiles al Estado no podrán obtener su libertad hasta que cancelen dicho pago
- Examen psicológico certificará si un preso está verdaderamente resocializado
Al culminar la vigésimo octava sesión del Consejo de Ministros, el Jefe del Gabinete, Oscar Valdés Dancuart, en compañía de los ministros de las carteras de Justicia, de la Mujer y Desarrollo Social, y Desarrollo e Inclusión Social hizo importantes anuncios.
Uno de los acuerdos tomados, en esta sesión de Consejo, fue la anunciada por el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor; él dio a conocer la aprobación de un proyecto de Ley que modifica la Ley de Partidos Políticos en sus artículos 5 y 14.
Dichas modificatorias, explicó, establecen la imposibilidad de que organizaciones que pretendan socavar el orden democrático, o promuevan actitudes violentistas, no puedan ser inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Jiménez Mayor subrayó que “este es un paso fundamental para preservar el orden democrático y las libertades en el Perú. Esperamos que el Congreso de la República apruebe esta propuesta normativa de manera urgente, porque no es posible que tengamos la posibilidad que la democracia en el Perú esté en peligro con el ingreso de personas violentistas al sistema político”.
Explicó también que el Decreto Supremo, que se publicará en los próximos días, establece la imposibilidad de libertades por reducción de penas en casos de corrupción, terrorismo y otros delitos graves cuando se incumplan con el pago de la reparación civil correspondiente.
Subrayó que los terroristas le deben al Perú 3 mil 980 millones de nuevos soles, mientras que las personas condenadas por corrupción deben al Estado 983 millones de nuevos soles, de los cuales, sólo en este último caso, se han cobrado 6 millones de nuevos soles: apenas el 0.6% del total. “Esta situación es indignante”, acotó.
El titular de Justicia y Derechos Humanos refirió que se han dado las instrucciones del caso a los Procuradores Públicos para que inicien el cobro correspondiente. “Las personas que no paguen estas reparaciones civiles y que estén ya condenadas, serán obligadas a hacerlo si desean obtener su libertad”.
Asimismo, para que una persona recupere su libertad, debe obtener una certificación psicológica que determine si efectivamente se encuentra rehabilitada, es decir, si está resocializada, indicó.
Jiménez Mayor, apuntó que la aplicación de este Decreto Supremo se aplica a los procedimientos en trámite, a la fecha, en el Jurado Nacional de Elecciones.
Uno de los acuerdos tomados, en esta sesión de Consejo, fue la anunciada por el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor; él dio a conocer la aprobación de un proyecto de Ley que modifica la Ley de Partidos Políticos en sus artículos 5 y 14.
Dichas modificatorias, explicó, establecen la imposibilidad de que organizaciones que pretendan socavar el orden democrático, o promuevan actitudes violentistas, no puedan ser inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Jiménez Mayor subrayó que “este es un paso fundamental para preservar el orden democrático y las libertades en el Perú. Esperamos que el Congreso de la República apruebe esta propuesta normativa de manera urgente, porque no es posible que tengamos la posibilidad que la democracia en el Perú esté en peligro con el ingreso de personas violentistas al sistema político”.
Explicó también que el Decreto Supremo, que se publicará en los próximos días, establece la imposibilidad de libertades por reducción de penas en casos de corrupción, terrorismo y otros delitos graves cuando se incumplan con el pago de la reparación civil correspondiente.
Subrayó que los terroristas le deben al Perú 3 mil 980 millones de nuevos soles, mientras que las personas condenadas por corrupción deben al Estado 983 millones de nuevos soles, de los cuales, sólo en este último caso, se han cobrado 6 millones de nuevos soles: apenas el 0.6% del total. “Esta situación es indignante”, acotó.
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Asimismo, para que una persona recupere su libertad, debe obtener una certificación psicológica que determine si efectivamente se encuentra rehabilitada, es decir, si está resocializada, indicó.
Jiménez Mayor, apuntó que la aplicación de este Decreto Supremo se aplica a los procedimientos en trámite, a la fecha, en el Jurado Nacional de Elecciones.
Lima, 18 de enero de 2012.
Oficina de Prensa e Imagen Institucional
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